Zóon Politikon
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miércoles, 4 de febrero de 2015
martes, 27 de enero de 2015
Generales del Ejército, involucrados en el caso Tlatlaya
El
Ejército bloqueó la investigación de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) para conocer con mayor amplitud cómo actuaron
los soldados involucrados en el caso Tlatlaya, aún cuando hay
información oficial que confirma que dos generales estuvieron en la
bodega donde fueron asesinados 22 civiles.
La Secretaría de la Defensa Nacional aseguró que no cuenta con evidencias documentales para mostrar bajo qué circunstancias actuaron sus elementos
al llegar a la bodega ubicada en el poblado de San Pedro Limón, al sur
del Estado de México, según consta en un oficio incluido en el
expediente de 7 mil 700 hojas integrado por la CNDH.
No obstante, en el sitio del tiroteo se concentraron 55 elementos del Ejército provenientes de dos diferentes batallones, no sólo de uno, como se había informado hasta el momento. Además, de 21 marinos, quienes estuvieron ahí al menos ocho horas.
*****
El manual de uso de la fuerza del
Ejército, señala la necesidad de que los soldados lleven cámaras de
video para grabar sus actuaciones. Según la Sedena, el batallón involucrado en el caso Tlatlaya no llevaba el equipo necesario, pues no se consideró que el patrullaje de ese día implicaría la necesidad de usar las armas.
Aunque los soldados consideraron que no era una región de riesgo, a lo largo de 2014 el gobierno del Estado de México
pidió la presencia de fuerzas federales para reforzar la seguridad en
la zona. Con motivo de estos operativos, se documentó el rescate de
personas secuestradas y el aseguramiento de armas.
Los comunicados de prensa sobre
seguridad en el municipio durante los últimos años versan sobre
decomisos de marihuana, narcolaboratorios y detenciones de presuntos
integrantes de La Familia.
Mediante diversos oficios, la CNDH cuestionó al Ejército sobre la organización de los soldados el día de la balacera.
La respuesta oficial fue firmada por el comandante de la zona militar 22, localizada en el municipio de Santa María Rayón y dice lo siguiente:
“La comandancia del 102/o batallón de infantería señaló que carece de evidencia documental
respecto a la organización y las actividades que realizaba el personal
que integró la base de operaciones ‘San Antonio del Rosario’, el pasado
30 de junio, así como la forma en que el resto del personal de la base
apoyó a los elementos agredidos inicialmente”.
En ese mismo documento, enfatiza que el operativo estuvo a cargo de un oficial
comandante cuya misión fue, dice textualmente, “reducir los niveles de
violencia en el país”. El nombre de este militar fue borrado por la CNDH
en la versión pública del expediente revisado por la primera emisión de
Noticias MVS.
En un oficio anterior, el comandante de la zona militar 22 informó que a las 5:00 de la mañana de ese 30 de junio, los siete elementos realizaban un “reconocimiento de ruta” a bordo de una camioneta Cheyenne, sobre la carretera San Antonio del Rosario-San Pedro Limón.
Según esta versión, la balacera inició cuando un soldado detectó una persona armada fuera de la bodega y pidió a sus compañeros que se detuvieran para inspeccionar. El oficio relata lo siguiente:
“Al tratar de circular en reversa se inicia una agresión con disparos de arma de fuego
en contra del personal militar provenientes del interior de la bodega,
generándose una agresión real e inminente y sin derecho, sin que haya
mediado provocación (…) por lo que personal militar repelió la
agresión…”
La versión del Ejército sobre el tiroteo ocurrido la madrugada del 30 de junio del 2014 en el municipio de Tlatlaya fue que se trató de un enfrentamiento.
No obstante, esa postura se vino abajo cuando la agencia de noticias AP
y la revista Esquire descubrieron indicios de ejecuciones
extrajudiciales.
Sin documentos que ayuden a probar la actuación del Ejército, las declaraciones de los militares implicados se vuelve clave.
Para saber qué pasó dentro de esa bodega. Y, en este sentido, la CNDH hizo una petición formal al juez militar encargado del caso para que se abrieran los expedientes.
El Ministerio Público Militar dijo estar dispuesto a abrir los documentos.
Sin embargo, el abogado defensor se opuso al argumentar que la CNDH,
desde su punto de vista, no está facultada para revisar las faltas
militares.
Según el litigante, del cual no se sabe si es privado o de oficio, la información sobre los homicidios o ejecuciones ya estaba en la Procuraduría General de la República.
El juez militar dio la razón al abogado y las declaraciones ministeriales de los soldados encarcelados no fueron abiertas, aún cuando, públicamente, la Sedena aceptó la recomendación del caso.
La cerrazón ante las indagatorias de la CNDH están incluidas en el expediente revisado por el equipo
de esta primera emisión de Noticias MVS. Sin embargo, en la propia
recomendación sobre la ejecución extrajudicial no se incluyeron esos
detalles.
El abogado Juan Carlos Gutiérrez, director de Idheas litigio en derechos humanos, dijo que el juez militar no debió tomar la decisión de abrir o no los expedientes,
sino simplemente dar acceso a la petición de la CNDH, que es el
organismo facultado para reunir toda la información que considere
pertinente.
Sostuvo que la Comisión de Derechos Humanos debió perfilar la recomendación para ver los expedientes, cuidando que no se violenten las garantías de los procesados.
“La CNDH no debió haber aceptar ese argumento, porque independiente del argumento del juez
es evidente que el acto de indisciplina o los actos relacionados con
investigaciones de procedimiento militar, tienen que ver con el acceso a
la justicia y tienen que ver con el saber por qué y qué declaraciones y
testimonios hay”.
“No hay ninguna posibilidad que una autoridad le niege acceso a la CNDH porque estaría violando su mandanto constitucional”.
La Marina participó
El expediente de la CNDH permite revisar la participación de la Marina en el caso Tlatlaya.
En la investigación aparece un informe elaborado por el contralmirante del Servicio de Justicia Naval, Alejandro Miguel Vázquez, quien reconoció que un comando de marinos llegó a la bodega para prestar apoyo a los militares.
Se trató de un capitán de fragata a cargo de la base de operaciones
del municipio de Luvianos, quien recibió una denuncia anónima a las
5:15 horas sobre una balacera entre soldados y delincuentes.
El mismo capitán de fragata –cuyo nombre fue borrado del expediente- acudió a la bodega encabezando un convoy con otros dos oficiales y 18 marinos armados.
Al llegar se entrevistó con el jefe del batallón militar 102, quien le comunicó el rescate de tres mujeres secuestradas y la muerte de 22 presuntos delincuentes.
Una de las mujeres, dijo al capitán de fragata que conocía la ubicación de casas donde estaban secuestradas entre 10 y 12 personas, incluyendo adultos mayores y niños.
Durante más de dos horas, los marinos revisaron esas casas de seguridad acompañados de la propia víctima
recién liberada y de miembros del Ejército. Alrededor de las 10:50
horas, regresaron la bodega sin haber tenido éxito en el operativo.
La Marina no informó si en los trayectos recorridos la mujer
les dijo algo sobre lo que había atestiguado horas antes: la supuesta
ejecución de civiles rendidos y desarmados. Al menos eso no consta en el
expediente. Ella habló de eso, hasta que tuvo frente así a periodistas
y, más tarde, a visitadores de la CN DH.
Algo que tampoco estaba públicamente
confirmado, hasta el momento, fue la participación de otro batallón del
Ejército. Se trató de 25 soldados pertenecientes a la zona militar 35
ubicada en Chilpancingo, Guerrero.
De acuerdo con oficios, ellos acudieron en apoyo de los otros militares una vez terminado el tiroteo y su labor fue hacer un cordón de seguridad en la zona.
Llegaron alrededor de las 6:30 de la mañana y se marcharon después de las 14:00 horas,
tiempo durante el cual, según los testimonios de las tres mujeres
rescatadas, los militares acomodaron las armas y los cuerpos para para
ocultar las ejecuciones.
Aunque el Ejército dice no contar con pruebas documentales sobre la actuación de sus soldados,
en el expediente de la CNDH se mencionó que, el comandante jefe del
batallón 102, al que pertenecen los militares encarcelados, llegó al
lugar de los hechos a las 7 de la mañana.
Con estos datos, se puede saber que entre las 6:00 y 12:30 horas se concentraron al menos 55 elementos del Ejército destacamentados en Guerrero y el Estado de México, además de 21 marinos.
Además, dos militares de mayor rango; generales de brigada diplomados
del Estado Mayor quienes eran, precisamente, los encargados de los
cuarteles de Santa María Rayón y Chilpancingo, tuvieron una reunión
dentro de la bodega para supervisar lo hecho por los soldados.
Los nombres de los generales fueron entregados por el Ejército a la CNDH pero no detallaron a qué conclusiones pudieron llegar. Por el momento, la identidad de ambos se mantiene resguardada por protección de datos personales. Pero tampoco puede saberse si fueron mencionados por los soldados encarcelados.
La apertura del expediente
El equipo de investigaciones especiales de Noticias MVS
revisó el expediente, de más de 7 mil hojas, que realizó la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, tras una solicitud de información
luego de que la defensa de los solados procesados tratara de impedirlo
mediante un juicio de amparo.
De hecho, un juez federal ordenó en
diciembre pasado que el expediente se mantuviera cerrado hasta en tanto
no terminara de analizar el caso, es decir, si los documentos en poder
de la CNDH podían ser públicos o debían mantenerse bajo reserva.
Pero cuando entró en funciones el nuevo
“ombudsman”, Luis Raúl González Pérez, la propia CNDH elevó al caso
Tlatlaya a la categoría de violaciones graves a los derechos humanos y,
casi al mismo tiempo, la defensa de los soldados se desistió el juicio
de amparo y, con ello, el expediente quedó de nuevo abierto.
La solicitud para acceder al expediente, se hizo por Noticias MVS primera emisión en octubre del año 2014.
La alteración de la escena
Las declaraciones de las mujeres
liberadas, representan uno de los temas sobre los cuales los visitadores
de la CNDH pusieron mayor énfasis.
Dos sobrevivientes explicaron cómo los soldados movieron los cadáveres y les pusieron las armas encima.
Según su versión, los elementos de la Sedena acomodaron incluso las camionetas en que viajaban los presuntos delincuentes para ajustar su versión de un enfrentamiento en igualdad de circunstancias.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos
reunió fotos de los peritajes realizados por la procuraduría mexiquense
y las publicadas por la agencia MVT el 26 de septiembre de 2014,
producto de una filtración.
En las imágenes se mostraron a las
sobrevivientes en una visita al penal federal de Tepic, Nayarit, cuando
aún se encontraban presas acusadas de secuestro.
La mayoría de estas fotos no se habían
puesto al escrutinio público, pero el equipo de Noticias MVS pudo
observar una versión pública en el expediente que transparentó la CNDH.
En una de las imágenes (que se muestra
en esta nota) se aprecia a las tres sobrevivientes al ataque, sentadas
contra una barda. Las mujeres son vigiladas por un soldado que lleva la
cara cubierta.
Detrás, hay una ventana en la que se puede ver a más soldados.
Una de las sobrevivientes dijo que esa
foto fue tomada por un militar o un perito de la procuraduría
mexiquense. El soldado que se aprecia del lado derecho sí participó en
la balacera, aunque no disparó contra los civiles luego de la rendición,
según la mujer cuya identidad se reserva en todo momento.
La misma mujer indicó que, en otra foto,
el cuerpo que se aprecia no tenía ninguna arma encima y que la
camioneta estaba originalmente al revés.
Sobre otra de las fotografías, la
víctima relata que las ropas y otros objetos no estaban desordenados,
pero quedaron en esa posición una vez que los soldados “esculcaron” las
pertenencias de los muertos.
En otra imagen se aprecia el cadáver de
la única mujer muerta en el tiroteo, abrazada al cuerpo de quien al
parecer era su pareja sentimental.
Uno de los cuerpos tiene tierra en la
cara. La sobreviviente afirma que originalmente cayó de boca al suelo,
pero fue movido por los soldados.
(Daniel Lizárraga y Sebastián Barragán/ MVS)
Video del reportaje transmitido esta mañana:
El
Ejército bloqueó la investigación de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) para conocer con mayor amplitud cómo actuaron
los soldados involucrados en el caso Tlatlaya, aún cuando hay
información oficial que confirma que dos generales estuvieron en la
bodega donde fueron asesinados 22 civiles.
La Secretaría de la Defensa Nacional aseguró que no cuenta con evidencias documentales para mostrar bajo qué circunstancias actuaron sus elementos
al llegar a la bodega ubicada en el poblado de San Pedro Limón, al sur
del Estado de México, según consta en un oficio incluido en el
expediente de 7 mil 700 hojas integrado por la CNDH.
No obstante, en el sitio del tiroteo se concentraron 55 elementos del Ejército provenientes de dos diferentes batallones, no sólo de uno, como se había informado hasta el momento. Además, de 21 marinos, quienes estuvieron ahí al menos ocho horas.
*****
El manual de uso de la fuerza del
Ejército, señala la necesidad de que los soldados lleven cámaras de
video para grabar sus actuaciones. Según la Sedena, el batallón involucrado en el caso Tlatlaya no llevaba el equipo necesario, pues no se consideró que el patrullaje de ese día implicaría la necesidad de usar las armas.
Aunque los soldados consideraron que no era una región de riesgo, a lo largo de 2014 el gobierno del Estado de México
pidió la presencia de fuerzas federales para reforzar la seguridad en
la zona. Con motivo de estos operativos, se documentó el rescate de
personas secuestradas y el aseguramiento de armas.
Los comunicados de prensa sobre
seguridad en el municipio durante los últimos años versan sobre
decomisos de marihuana, narcolaboratorios y detenciones de presuntos
integrantes de La Familia.
Mediante diversos oficios, la CNDH cuestionó al Ejército sobre la organización de los soldados el día de la balacera.
La respuesta oficial fue firmada por el comandante de la zona militar 22, localizada en el municipio de Santa María Rayón y dice lo siguiente:
“La comandancia del 102/o batallón de infantería señaló que carece de evidencia documental
respecto a la organización y las actividades que realizaba el personal
que integró la base de operaciones ‘San Antonio del Rosario’, el pasado
30 de junio, así como la forma en que el resto del personal de la base
apoyó a los elementos agredidos inicialmente”.
En ese mismo documento, enfatiza que el operativo estuvo a cargo de un oficial
comandante cuya misión fue, dice textualmente, “reducir los niveles de
violencia en el país”. El nombre de este militar fue borrado por la CNDH
en la versión pública del expediente revisado por la primera emisión de
Noticias MVS.
En un oficio anterior, el comandante de la zona militar 22 informó que a las 5:00 de la mañana de ese 30 de junio, los siete elementos realizaban un “reconocimiento de ruta” a bordo de una camioneta Cheyenne, sobre la carretera San Antonio del Rosario-San Pedro Limón.
Según esta versión, la balacera inició cuando un soldado detectó una persona armada fuera de la bodega y pidió a sus compañeros que se detuvieran para inspeccionar. El oficio relata lo siguiente:
“Al tratar de circular en reversa se inicia una agresión con disparos de arma de fuego
en contra del personal militar provenientes del interior de la bodega,
generándose una agresión real e inminente y sin derecho, sin que haya
mediado provocación (…) por lo que personal militar repelió la
agresión…”
La versión del Ejército sobre el tiroteo ocurrido la madrugada del 30 de junio del 2014 en el municipio de Tlatlaya fue que se trató de un enfrentamiento.
No obstante, esa postura se vino abajo cuando la agencia de noticias AP
y la revista Esquire descubrieron indicios de ejecuciones
extrajudiciales.
Sin documentos que ayuden a probar la actuación del Ejército, las declaraciones de los militares implicados se vuelve clave.
Para saber qué pasó dentro de esa bodega. Y, en este sentido, la CNDH hizo una petición formal al juez militar encargado del caso para que se abrieran los expedientes.
El Ministerio Público Militar dijo estar dispuesto a abrir los documentos.
Sin embargo, el abogado defensor se opuso al argumentar que la CNDH,
desde su punto de vista, no está facultada para revisar las faltas
militares.
Según el litigante, del cual no se sabe si es privado o de oficio, la información sobre los homicidios o ejecuciones ya estaba en la Procuraduría General de la República.
El juez militar dio la razón al abogado y las declaraciones ministeriales de los soldados encarcelados no fueron abiertas, aún cuando, públicamente, la Sedena aceptó la recomendación del caso.
La cerrazón ante las indagatorias de la CNDH están incluidas en el expediente revisado por el equipo
de esta primera emisión de Noticias MVS. Sin embargo, en la propia
recomendación sobre la ejecución extrajudicial no se incluyeron esos
detalles.
El abogado Juan Carlos Gutiérrez, director de Idheas litigio en derechos humanos, dijo que el juez militar no debió tomar la decisión de abrir o no los expedientes,
sino simplemente dar acceso a la petición de la CNDH, que es el
organismo facultado para reunir toda la información que considere
pertinente.
Sostuvo que la Comisión de Derechos Humanos debió perfilar la recomendación para ver los expedientes, cuidando que no se violenten las garantías de los procesados.
“La CNDH no debió haber aceptar ese argumento, porque independiente del argumento del juez
es evidente que el acto de indisciplina o los actos relacionados con
investigaciones de procedimiento militar, tienen que ver con el acceso a
la justicia y tienen que ver con el saber por qué y qué declaraciones y
testimonios hay”.
“No hay ninguna posibilidad que una autoridad le niege acceso a la CNDH porque estaría violando su mandanto constitucional”.
La Marina participó
El expediente de la CNDH permite revisar la participación de la Marina en el caso Tlatlaya.
En la investigación aparece un informe elaborado por el contralmirante del Servicio de Justicia Naval, Alejandro Miguel Vázquez, quien reconoció que un comando de marinos llegó a la bodega para prestar apoyo a los militares.
Se trató de un capitán de fragata a cargo de la base de operaciones
del municipio de Luvianos, quien recibió una denuncia anónima a las
5:15 horas sobre una balacera entre soldados y delincuentes.
El mismo capitán de fragata –cuyo nombre fue borrado del expediente- acudió a la bodega encabezando un convoy con otros dos oficiales y 18 marinos armados.
Al llegar se entrevistó con el jefe del batallón militar 102, quien le comunicó el rescate de tres mujeres secuestradas y la muerte de 22 presuntos delincuentes.
Una de las mujeres, dijo al capitán de fragata que conocía la ubicación de casas donde estaban secuestradas entre 10 y 12 personas, incluyendo adultos mayores y niños.
Durante más de dos horas, los marinos revisaron esas casas de seguridad acompañados de la propia víctima
recién liberada y de miembros del Ejército. Alrededor de las 10:50
horas, regresaron la bodega sin haber tenido éxito en el operativo.
La Marina no informó si en los trayectos recorridos la mujer
les dijo algo sobre lo que había atestiguado horas antes: la supuesta
ejecución de civiles rendidos y desarmados. Al menos eso no consta en el
expediente. Ella habló de eso, hasta que tuvo frente así a periodistas
y, más tarde, a visitadores de la CN DH.
Algo que tampoco estaba públicamente
confirmado, hasta el momento, fue la participación de otro batallón del
Ejército. Se trató de 25 soldados pertenecientes a la zona militar 35
ubicada en Chilpancingo, Guerrero.
De acuerdo con oficios, ellos acudieron en apoyo de los otros militares una vez terminado el tiroteo y su labor fue hacer un cordón de seguridad en la zona.
Llegaron alrededor de las 6:30 de la mañana y se marcharon después de las 14:00 horas,
tiempo durante el cual, según los testimonios de las tres mujeres
rescatadas, los militares acomodaron las armas y los cuerpos para para
ocultar las ejecuciones.
Aunque el Ejército dice no contar con pruebas documentales sobre la actuación de sus soldados,
en el expediente de la CNDH se mencionó que, el comandante jefe del
batallón 102, al que pertenecen los militares encarcelados, llegó al
lugar de los hechos a las 7 de la mañana.
Con estos datos, se puede saber que entre las 6:00 y 12:30 horas se concentraron al menos 55 elementos del Ejército destacamentados en Guerrero y el Estado de México, además de 21 marinos.
Además, dos militares de mayor rango; generales de brigada diplomados
del Estado Mayor quienes eran, precisamente, los encargados de los
cuarteles de Santa María Rayón y Chilpancingo, tuvieron una reunión
dentro de la bodega para supervisar lo hecho por los soldados.
Los nombres de los generales fueron entregados por el Ejército a la CNDH pero no detallaron a qué conclusiones pudieron llegar. Por el momento, la identidad de ambos se mantiene resguardada por protección de datos personales. Pero tampoco puede saberse si fueron mencionados por los soldados encarcelados.
La apertura del expediente
El equipo de investigaciones especiales de Noticias MVS
revisó el expediente, de más de 7 mil hojas, que realizó la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, tras una solicitud de información
luego de que la defensa de los solados procesados tratara de impedirlo
mediante un juicio de amparo.
De hecho, un juez federal ordenó en
diciembre pasado que el expediente se mantuviera cerrado hasta en tanto
no terminara de analizar el caso, es decir, si los documentos en poder
de la CNDH podían ser públicos o debían mantenerse bajo reserva.
Pero cuando entró en funciones el nuevo
“ombudsman”, Luis Raúl González Pérez, la propia CNDH elevó al caso
Tlatlaya a la categoría de violaciones graves a los derechos humanos y,
casi al mismo tiempo, la defensa de los soldados se desistió el juicio
de amparo y, con ello, el expediente quedó de nuevo abierto.
La solicitud para acceder al expediente, se hizo por Noticias MVS primera emisión en octubre del año 2014.
La alteración de la escena
Las declaraciones de las mujeres
liberadas, representan uno de los temas sobre los cuales los visitadores
de la CNDH pusieron mayor énfasis.
Dos sobrevivientes explicaron cómo los soldados movieron los cadáveres y les pusieron las armas encima.
Según su versión, los elementos de la Sedena acomodaron incluso las camionetas en que viajaban los presuntos delincuentes para ajustar su versión de un enfrentamiento en igualdad de circunstancias.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos
reunió fotos de los peritajes realizados por la procuraduría mexiquense
y las publicadas por la agencia MVT el 26 de septiembre de 2014,
producto de una filtración.
En las imágenes se mostraron a las
sobrevivientes en una visita al penal federal de Tepic, Nayarit, cuando
aún se encontraban presas acusadas de secuestro.
La mayoría de estas fotos no se habían
puesto al escrutinio público, pero el equipo de Noticias MVS pudo
observar una versión pública en el expediente que transparentó la CNDH.
En una de las imágenes (que se muestra
en esta nota) se aprecia a las tres sobrevivientes al ataque, sentadas
contra una barda. Las mujeres son vigiladas por un soldado que lleva la
cara cubierta.
Detrás, hay una ventana en la que se puede ver a más soldados.
Una de las sobrevivientes dijo que esa
foto fue tomada por un militar o un perito de la procuraduría
mexiquense. El soldado que se aprecia del lado derecho sí participó en
la balacera, aunque no disparó contra los civiles luego de la rendición,
según la mujer cuya identidad se reserva en todo momento.
La misma mujer indicó que, en otra foto,
el cuerpo que se aprecia no tenía ninguna arma encima y que la
camioneta estaba originalmente al revés.
Sobre otra de las fotografías, la
víctima relata que las ropas y otros objetos no estaban desordenados,
pero quedaron en esa posición una vez que los soldados “esculcaron” las
pertenencias de los muertos.
En otra imagen se aprecia el cadáver de
la única mujer muerta en el tiroteo, abrazada al cuerpo de quien al
parecer era su pareja sentimental.
Uno de los cuerpos tiene tierra en la
cara. La sobreviviente afirma que originalmente cayó de boca al suelo,
pero fue movido por los soldados.
(Daniel Lizárraga y Sebastián Barragan.
“Plan cicatriz Ayotzinapa”, artículo de Lydia Cacho
Comienza la segunda parte
de la Operación Cicatriz Ayotzinapa; consiste primordialmente en
convencer a propietarios de los medios...
Foto: Félix Márquez/ Cuartoscuro
Plan Cicatriz Ayotzinapa
Por Lydia Cacho
Desde
hace algunas semanas han comenzado a circular las opiniones sobre
Ayotzinapa de algunos de los más adinerados empresarios mexicanos. Todas
coinciden con una versión “Estudiaban para guerrilleros, se ganaron la muerte por revoltosos; quienes han exagerado la dimensión del caso lo hacen persiguiendo intereses ajenos a la vida de los 43 jóvenes”.
Como siempre en la pirámide del poder la
información producida por agentes del Estado cae, a manera de cascada,
desde la cima hacia abajo. Ahora, a cuatro meses de las balaceras y la
desaparición, comienza la segunda parte de la Operación Cicatriz
Ayotzinapa; consiste primordialmente en convencer a propietarios de los
medios de mayor circulación de sacar del espectro el tema, diluirlo,
desacreditar la calidad moral de los jóvenes, mientras a la vez circulan
la opinión de los que manejan el dinero que son también quienes pagan
la publicidad a los tribunales mediáticos, esos que establecen o ignoran
los temas socialmente importantes de acuerdo a criterios empresariales.
Para nadie medianamente enterado es una sorpresa que se intente instaurar la normalización de la desaparición forzada de los estudiantes,
bajo la premisa de que eran ciudadanos “difíciles” no deseables,
“potenciales guerrilleros” ya hay periodistas que les han llamado
despectivamente “los pelones”.
Ayotzinapa están en territorio
guerrillero, aquél que dio vida al famoso Lucio Cabañas Comandante de la
Brigada Campesina de Ajusticiamiento, alumno graduado de la Escuela
Normal Rural de Ayotzinapa. Lucio fue acribillado por el ejército
mexicano hace 41 años, luego de que él y su grupo secuestraran al ex
gobernador del estado. Cabañas se había convertido en leyenda por la
defensa de los campesinos de Guerrero frente a los empresarios y
políticos que les robaron sus tierras sumiendo en la pobreza poblaciones
enteras.
Hoy en día el sesenta por ciento del
plan de estudios de la Normal Rural de Ayotzinapa, de la cuál salieron
los estudiantes desaparecidos, consta de principios y actividades
socialistas, como la defensa de la tierra, la lucha contra el racismo y
contra el neoliberalismo económico y político, por la igualdad y la
justicia salarial de un estado enriquecido por el turismo. Por si usted
no lo sabe, desde hace cuarenta años, cada doce meses los profesores de
las normales rurales tienen que suplicarle al gobierno que saque la
convocatoria de inscripciones, suplican por recursos para la educación, y
con el tiempo esas súplicas se han plagado de hartazgo.
El autoritario gobierno de Guerrero
juega este juego a la perfección: negocia cada año el derecho a la
educación y a la libertad de pensamiento. Porque conviene a sus
intereses, el gobierno estatal, con conocimiento de los órganos
de Inteligencia, juega al estira y afloja con los miembros corruptos de
los colectivos magisteriales de todas las escuelas públicas (no
sólo de las normales); ellos amenazan con hacer paros de todo el
aparato educativo, el gobernador en turno se dice “extorsionado” pero
acepta entregar fondos en efectivo a los corruptores magisteriales, en
lugar de invertir de forma transparente en la educación de todo el
estado (Tanto PRI como PRD han jugado juntos).
Está claro que los 43 no eran
sumisos jóvenes indígenas, maestros que soñaban con enseñar a leer y
escribir a los niños y niñas para que eventualmente tuvieran un trabajo
miserable, sino para que puedan trabajar y defender sus derechos y vivir
dignamente. Los 43 son, o eran, jóvenes preparados para la vida, para
la política, para la batalla contra la opresión, informados,
organizados, inteligentes, rebeldes y muy probablemente indignados y
rabiosos con la forma en que su estado y su país les ha tratado desde
que nacieron. Muertos o vivos, estamos hablando de activistas que
salieron a dar una batalla sobre la cuál los órganos de inteligencia del
Estado tenían información. Jóvenes aguerridos que hartos del
narco-gobierno querían una vida libre, sana y justa para todos.
Efectivamente hay grupos de intereses
alrededor del caso, sería imposible blindarlo de los oportunistas
corruptos (la complejidad es connatural a cualquier caso de esta
naturaleza), pero las exigencias son válidas y su vida importa. Lo
fundamental, además de la investigación penal, es comenzar a responder
con la solución a los problemas de raíz: que las movilizaciones que
piden justicia activen un movimiento por la educación libre, laica y de
calidad en todo el estado de Guerrero. Asegurarnos de que las normales
rurales sigan abiertas, funcionando, con recursos, libros, materiales
para el sostén de las milpas y de los animales de cría. Asegurarnos de
que en toda la zona rural de guerrero haya clínicas de salud, acceso al
agua potable, apoyo a los modelos de vivienda ecológicos con milpa
propia, planes de promoción de la cultura y defensa del medio ambiente.
No podemos distraernos: sí hay solución
para Ayotzinapa y no está en el campo criminal sino en el de la justicia
social y la Seguridad Humana. Llevamos demasiado tiempo arrojando tinta
sobre las cenizas, llenando cárceles de presuntos culpables,
elucubrando sin evidencia. Mientras tanto la sociedad se divide más y
los agentes del Estado junto con algunos empresarios y periodistas
sistémicos trabajan para normalizar la desaparición forzada de
activistas y defensores sociales como castigo ejemplar.
Que se transparente el gasto en
educación de Guerrero, que el gobernador interino en lugar de filtrar
información diga quiénes lo extorsionan, cómo y cuando. Sí, los 43
estudiantes, como millones en el país, tienen una ideología socialista,
eso no les hace menos ciudadanos, por el contrario, les hace más
solidarios y conscientes de la importancia de la educación y los
derechos humanos. Pedir justicia para ellos es también señalar la raíz del problema que los puso en peligro.
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